sábado, 13 de mayo de 2017

Entorno comercial y jurídico en el que opera la educación superior del jazz

El presente artículo hace un recorrido por distintos temas relacionados con la influencia de los aspectos comerciales y jurídicos en las enseñanzas de la música, comenta la problemática relacionada con la escasa demanda de estudios superiores de música en Canarias, sobre el acceso a estas enseñanzas y los precios de las matrículas, el modelo de itinerario de jazz y música moderna, las competencias de las Comunidades Autónomas para la elaboración de los planes de estudios y para la expedición de títulos, la autonomía pedagógica y de gestión de los conservatorios, y la competencia del Gobierno sobre la ordenación del sistema educativo. 


La mayor parte del contenido de este blog gira en torno a las enseñanzas de las músicas actuales y el jazz en Canarias. Una de las fuentes más interesantes, en buena parte de nuestros artículos, es el libro de Stuart Nicholson titulado Is jazz dead? (or has it moved to a new address); el autor plantea un problema académico en el ámbito del jazz en los Estados Unidos relacionado con distintos aspectos condicionantes, es por ello que establecemos una relación entre las enseñanzas de música moderna de nuestra Comunidad y otros modelos ya establecidos desde hace décadas.

Con relación al entorno “comercial” en que opera la educación superior del jazz, existen notables diferencias entre Canarias y los Estados Unidos. Se debe tener en cuenta la fuerte tradición musical afroamericana y la gran demanda de estudios de jazz en Norteamérica; además, hay que considerar la necesidad de las instituciones educativas americanas por establecer un equilibrio entre el importante negocio que ha generado esta demanda (y que garantiza los sueldos, alquileres, etc.) y la calidad (o prestigio) de las enseñanzas que imparten. El pianista, compositor y docente Hal Galper opina que la mayor parte de la educación del jazz en los Estados Unidos se destruye por el afán de lucro y por un currículo sobrecargado. En este sentido, Nicholson expone en su libro lo expresado por Hal Galper: “Just look at the figures! Berklee College of Music gets 30,000 applications a year, of which they accept only 3,000. Those turned away go to other schools with an average anual tuition of $10,000 per student as the jazz education industry grosses an estimated $300 million per year” (Nicholson, 2005: 103).

En Canarias —muy lejos de estos números—, la enseñanza en los conservatorios está subvencionada en una importante medida por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Aunque los precios públicos por la prestación de servicios académicos en esta Comunidad experimentaron un incremento a partir del curso 2012-2013, el coste por matrícula dista mucho del establecido (en términos generales) por las instituciones académicas norteamericanas donde los precios son bastante más elevados; incluso, en varios centros españoles con modelos de gestión privada, autorizados para impartir las enseñanzas superiores de música (ejemplo Musikene), los precios son más altos a los establecidos para el Conservatorio Superior de Música de Canarias sin llegar a ser estos últimos los más económicos de España. Actualmente, el precio para los estudios superiores de música en Canarias está establecido en 18,95 € por crédito (sólo para la primera matrícula).

Cabe señalar —al hilo de lo comentado— una problemática muy diferente en Canarias que estaría relacionada con la escasa demanda de estudios superiores de música en esta Comunidad. Esta problemática puede repercutir de forma negativa, y en términos generales, en el nivel de los estudios superiores de música en Canarias. El fomento de un mayor número de inscripciones para los estudios superiores puede estar condicionado a un menor grado de dificultad de las pruebas de acceso con el propósito de no dejar fuera a aspirantes que pudieran contribuir al sostenimiento del sistema.

La norma básica, citada en el Artículo 54.2 de la LOE, en su apartado b), para el acceso a las enseñanzas superiores de música y danza, determina lo siguiente:


Haber superado una prueba específica de acceso regulada por las Administraciones educativas en la que el aspirante demuestre los conocimientos y habilidades profesionales necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. La posesión del título profesional será tenida en cuenta en la calificación final de la prueba.


Entendemos que el resultado de la prueba de acceso ha de demostrar conocimientos y habilidades profesionales adecuados para cursar con aprovechamiento unas enseñanzas que necesitan de un importante presupuesto. El Artículo 54.2 de la LOE, al tratarse de una Ley Orgánica de Educación, no específica de las enseñanzas musicales, no determina el grado de dificultad de la prueba de acceso de cada una de las especialidades; el Real Decreto 1614/2009 (Enseñanzas Artísticas Superiores) no aporta mucho más en este sentido, y el Real Decreto 631/2010, desde nuestro punto de vista, parece afianzar las competencias que en esta materia tienen las Administraciones educativas al incluir el siguiente texto en su Artículo 5.4: “Corresponde a las Administraciones educativas, en su ámbito competencial, la convocatoria, organización, desarrollo y evaluación de la prueba específica a estos estudios”.

Nos resulta más preciso, en relación con las características de las pruebas de acceso, lo expresado en el punto decimonoveno de la Orden de 25 de junio de 1999 (BOE nº 158, de 3 de julio), por la que se establece el currículo del grado superior de las enseñanzas de Música, y donde aparece redactado con mayor precisión lo requerido para el acceso a cada una de las especialidades —incluida la especialidad de Jazz— de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 del Real Decreto 617/1995 (LOGSE) sobre el requisito de la titulación de Bachiller y del tercer ciclo del grado medio de música o, en su caso, la realización de los correspondientes ejercicios escritos para evaluar la madurez intelectual y la formación musical del aspirante; asimismo, es más preciso lo establecido en el Artículo 8.3 y el 8.4 (del mismo real decreto), en relación con las características básicas del ejercicio específico de acceso para cada una de las especialidades instrumentales y las características de dicho ejercicio para la especialidad de Jazz. En esta normativa, podemos observar algunas diferencias en el contenido de los ejercicios específicos aplicados a las especialidades de Jazz, Órgano, Clave y Guitarra flamenca con relación al resto de las especialidades instrumentales. En el caso de la especialidad de Jazz, la diferencia consiste en la realización de una improvisación a partir de una secuencia armónica dada por el tribunal encargado de evaluar el ejercicio específico que incluye, además, la interpretación de un programa de treinta minutos y el análisis de una obra o fragmento. El apartado que evalúa el nivel de destreza en improvisación, a partir de una secuencia armónica, es una característica exclusiva de la especialidad de Jazz aunque mantiene alguna similitud con lo requerido para el acceso a las especialidades de Clave, Órgano y la especialidad de Pedagogía referida a estos dos instrumentos cuyos aspirantes han de superar un ejercicio de improvisación —no jazzística— tal como queda redactado en el Artículo 8.3 del Real Decreto 617/1995: “Acompañamiento improvisado de una melodía por medio de la realización de un continuo a partir de un bajo cifrado dado por el tribunal.”

Tal como dicta el Artículo 7 del Real Decreto 617/1995, el propósito de la prueba de acceso prevista en el ejercicio específico para cada una de las especialidades, es: “comprobar que el aspirante posee los conocimientos y habilidades profesionales necesarios para cursar con aprovechamiento la especialidad solicitada”. Con respecto al requisito de estar en posesión del Título de Bachiller, nos interesa destacar lo expresado por Marzal Raga en cuanto a la claridad del Artículo 54 de la LOE al disponer expresamente, como requerimiento para el acceso a los Estudios Superiores de música, la exigencia del Título de Bachiller o, en su caso, la superación del acceso a la Universidad para mayores de 25 años. De lo expuesto por Marzal Raga en El régimen jurídico de las enseñanzas musicales destacamos lo siguiente: “Tras la aprobación del Real Decreto 1614/09, tales requisitos han de referirse al acceso a las Enseñanzas oficiales de Grado y se muestran en correspondencia con los exigidos para el acceso a la Universidad (…)” (Marzal Raga, 2010: 161).

Desde la perspectiva de situación de crisis económica, los conocimientos y habilidades profesionales adecuados de los aspirantes tienen un valor con relación al importante presupuesto de estas enseñanzas. La racionalización del gasto educativo está muy presente en estos tiempos de crisis; pero, hay otros aspectos, aún más delicados, que enfrentarían las expectativas del alumnado a una realidad definida por: el alto nivel exigido en los estudios superiores de música; la situación de incertidumbre generada por las distintas sentencias del Tribunal Supremo que anulan las expresiones de “grado”, “graduado o graduada” en la definición de los títulos, y la falta de estabilidad normativa derivada del carácter experimental de los estudios superiores de música en Canarias.

En cuanto al currículo de las enseñanzas superiores, vinculadas a la música moderna y el jazz, existen actualmente diferencias entre Canarias y otras Comunidades Autónomas del Estado. Una de las principales diferencias radica en el modelo canario de itinerario formativo para la especialidad de Interpretación en el ámbito del Jazz y Música Moderna. La oferta educativa del Conservatorio Superior de Música de Canarias incluye dos itinerarios diferenciados para la especialidad Interpretación: por un lado, Interpretación en Música Clásica; por otro, Interpretación por Jazz y Música Moderna. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la diferencia, entre uno y otro perfil, comienza a establecerse, prácticamente, a partir del tercer curso pues estos dos itinerarios comparten las mismas asignaturas —no precisamente específicas para la música moderna— en los dos primeros años.

Otra de las diferencias del modelo canario para los estudios superiores relacionados con la música moderna, quizá la más importante por su alcance, radica en la oferta de dos nuevas especialidades, puesta en marcha a partir del curso 2013-2014, para los instrumentos guitarra eléctrica y bajo eléctrico. El plan de estudios aplicado a la especialidad de Interpretación para estos dos nuevos instrumentos mantiene el diseño comentado en el párrafo anterior (Interpretación por el itinerario de Jazz y Música Moderna); así, el alumnado de bajo eléctrico y guitarra eléctrica del Conservatorio Superior de Música de Canarias estaría en una situación de incertidumbre en relación a su especialización musical pues este itinerario por jazz y música moderna, como se comentó anteriormente, comparte en los dos primeros cursos la misma distribución de asignaturas que las aplicadas al itinerario por música clásica. 

En este punto, nos interesa exponer que la principal diferencia entre los estudios reglados y los no reglados radica en que los primeros sí han de tener correspondencia con el diseño propuesto por la LOE. En relación a los Estudios superiores de música y danza, el Artículo 54.1 (LOE) dispone lo siguiente: “Los estudios superiores de música y de danza se organizarán en diferentes especialidades y consistirán en un ciclo de duración variable según sus respectivas características.” En relación con las titulaciones, el Artículo 54.3 determina: “Los alumnos que hayan terminado los estudios superiores de música o de danza obtendrán el título Superior de Música o Danza en la especialidad de que se trate, que será equivalente a todos los efectos al título universitario de Licenciado o el título de Grado equivalente.” Por último, queremos citar lo establecido en el Artículo 58.1 con relación a la organización de las enseñanzas artísticas superiores: “Corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, definir la estructura y el contenido básicos de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas superiores regulados en esta Ley.”

Entendemos, según lo expresado en la LOE, que la organización de estos estudios viene determinada por distintas especialidades; que los alumnos que terminen estos estudios obtendrán un título equivalente al título universitario de Licenciado, y —así lo entendemos— que corresponde al Gobierno (el Gobierno del Estado) definir la estructura y el contenido básico de los estudios regulados en esta Ley. La definición de la estructura y el contenido básico se realizará previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas como órgano consultivo de la Administración General del Estado que —a nuestro parecer— cumple con funciones similares a las del Consejo de Universidades como máximo órgano de coordinación del sistema universitario.

La LOE, en su desarrollo normativo específico para las enseñanzas superiores de Grado en Música contenido en el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, establece las distintas especialidades y sus características básicas. Precisamente, el Real Decreto comienza su texto con dos importantes referencias a los Artículos 58 y 46 de la LOE en los que quedan establecidas las competencias del Gobierno para definir la estructura y el contenido básico de los diferentes estudios superiores; además, estos Artículos disponen que la ordenación y evaluación de las enseñanzas se hará en el contexto de la ordenación de la educación española en el marco europeo y que el propio real decreto es el instrumento para asegurar el denominador común que garantiza la validez de las titulaciones a las que conducen los estudios reglados. El Real Decreto 631/2010 unifica las antiguas especialidades instrumentales (del Real Decreto 617/1995), en una única denominación de Interpretación. 

Como novedad, en lo relativo a la creación de nuevas especialidades, el Real Decreto 631/2010 crea dos nuevas: la especialidad de Producción y gestión y la especialidad de Sonología. Otra de las novedades del este real decreto de 2010 es la integración de la Guitarra flamenca en la especialidad de Interpretación encuadrada con anterioridad —en el Real Decreto 617/1995— en la opción a) de la especialidad denominada Flamenco; la opción b), denominada Flamencología, pasó —con la misma normativa de 2010— a la especialidad de Musicología. De este modo, las especialidades artísticas de “Grado” en música, conforme al Artículo 4.2 del Real Decreto 631/2010, son las siguientes: Composición, Dirección, Interpretación, Musicología, Pedagogía, Producción y gestión y Sonología. Interesa destacar aquí la ausencia (en el Real Decreto 631/2010) de la especialidad denominada Jazz cuyo currículo aparece, en sus aspectos básicos, en el Real Decreto 617/1995 y establecido en la Orden de 25 de junio de 1999.

Como se apuntó anteriormente, el RD 631/2010 —desde esta perspectiva— afianza las competencias de las Administraciones educativas. La competencia autonómica para la elaboración de planes de estudios y expedición de títulos —siempre conforme a la norma estatal básica— se acoge a lo expresado (en términos generales) en los Artículos 6.4 y 6.5 de la LOE. Según el Artículo 6.4: “Las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley, del que formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados anteriores. Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía y tal como se recoge en el capítulo II del título V de la presente Ley.” Con relación a los títulos, el Artículo 6.5 dicta lo siguiente: “Los títulos correspondientes a las enseñanzas reguladas por esta Ley serán homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones educativas en las condiciones previstas en la legislación vigente y en las normas básicas y específicas que al efecto se dicten.”

La autonomía organizativa de los centros queda reconocida —tal como se comenta en el párrafo anterior— en el capítulo II del título V, Artículo 120, de la LOE. Pero esta norma también establece algunos límites así expresados en los puntos 1, 3, 4 y 5:


1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la desarrollen.
3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.
4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar en los términos que establezcan las Administraciones educativas, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas.
5. Cuando estas experimentaciones, planes de trabajo o formas de organización puedan afectar a la obtención de títulos académicos o profesionales, deberán ser autorizados expresamente por el Gobierno.


La nueva Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), modifica los apartados 3 y 4 del Artículo 120, y quedan actualizados de la siguiente manera:


3. Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de los centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. Los centros sostenidos con fondos públicos deberán rendir cuentas de los resultados obtenidos.
 Las Administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes, considerados en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto en que radiquen, de acuerdo con lo indicado en los artículos 140 y siguientes de esta Ley Orgánica y en los términos que el Gobierno establezca reglamentariamente.
 Las Administraciones educativas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos centros públicos que no alcancen los niveles adecuados.
    En relación con los centros concertados se estará a la normativa reguladora del concierto correspondiente.

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas.

Entendemos que la autonomía pedagógica estará condicionada por lo establecido en la nueva Ley y en las normas que la desarrollen; que en relación a la gestión de sus recursos las Administraciones favorecerán la autonomía de los centros siempre que dichos recursos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización, una vez sean evaluados y valorados (además, deberán rendir cuentas de los resultados obtenidos); y por último, cuando las experimentaciones o formas de organización puedan afectar a la obtención de títulos, los centros deberán ser autorizados expresamente por el Gobierno.

En la nueva Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE), en su apartado titulado “Distribución de competencias” (Artículo 6 bis), vienen determinadas las competencias del Gobierno sobre la ordenación del sistema educativo. Sobre esta cuestión, la Ley Orgánica establece que corresponde al Gobierno: “La regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia”. Asimismo, corresponde al Gobierno según lo establecido en el Artículo 6 bis: “El diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica.”

Marzal Raga (2010), añade en las Notas del Capítulo Tercero de su obra El régimen jurídico de las enseñanzas musicales una extensa información sobre la competencia del Estado para la fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos válidos en todo el territorio español. En este sentido se expresa:


La competencia del Estado para la fijación de las enseñanzas mínimas, como se ha dicho, trata de conseguir una formación común en un determinado nivel de todos los escolares, sea cual sea la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan, lo que deriva de los arts. 27 y 149.1.30 CE. La homologación del sistema educativo y la competencia exclusiva que reserva al Estado para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia; son los medios que la CE prevé para obtener ese mínimo de homogeneidad en la formación de los escolares, debiendo señalarse que la LOECE, en conexión directa con este último precepto, establece en su Disposición Adicional Segunda, apartado b) que, en todo caso y por su propia naturaleza, corresponde al Estado la fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las demás condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos profesionales válidos en todo el territorio español. (…). El criterio seguido respecto de las enseñanzas mínimas para la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA rige incluso cuando estamos ante enseñanzas experimentales y se extiende, en nuestra opinión, a cuestiones vinculadas a tales enseñanzas, como por ejemplo la autorización para la experimentación de nuevos planes y programas educativos, o la ordenación de los centros en que éstas se realizan, que serán competencia autonómica en el marco de la legislación básica del Estado. (Marzal Raga, 2010: 193).


Marzal Raga, en relación con la competencia respecto de las experimentaciones educativas, añade en la nota citada el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (STC 38/92, de 23 de marzo) al declarar que: “la competencia vendrá determinada por la relación con el concepto de enseñanzas mínimas, con independencia del régimen, general o experimental, de las enseñanzas. La competencia para la experimentación se atribuye en función de las enseñanzas que resulten afectadas y no de los centros en que éstas se realizan.”

La competencia del Estado debe entenderse como garantía de una formación común coherente con la denominación de la titulación con validez en todo el territorio nacional y, al mismo tiempo, como garantía de una cierta igualdad de condiciones tanto en lo relativo a las convalidaciones de asignaturas —y cursos realizados en otros centros— como al grado de esfuerzo empleado en la especialidad pretendida.

En lo que respecta a los estudios de la música moderna y el jazz en la enseñanza superior reconocidos en el marco de la LOGSE y organizados (en sus aspectos básicos) en el RD 617/1995 (y establecidos en la Orden de 25 de junio de 1999), se ha producido una desregulación estatal de los estudios de jazz y música moderna al no incluir la especialidad de Jazz en el RD 631/2010 (LOE) y, como consecuencia, la transferencia de competencias a las CCAA para la elaboración de los planes de estudio vinculados a las enseñanzas afines al jazz y la música moderna. Esta desregulación y consiguiente transferencia a las CCAA favorece una dualidad de competencias, entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, que no ha contribuido, en este caso, a definir el ámbito de los estudios en música moderna pues no se aprecian, en el currículo asignado al bajo eléctrico y la guitarra eléctrica, contenidos coincidentes con la especialidad de Jazz (por afinidad) regulada desde la LOGSE. La dualidad de competencias a la que nos referimos plantea una necesaria coordinación entre todas las Administraciones que garantice el derecho del alumnado a recibir una formación común (a la vez que flexible) y a obtener una titulación adecuada al perfil profesional del ámbito cursado con validez en todo el territorio nacional.

La denominación oficial del título como Título Superior de Música en la especialidad de  “Interpretación” no ayuda a determinar el ámbito del jazz o la música moderna. La inclusión del ámbito (y del instrumento principal como modalidad) añadidos al título de la especialidad de “Interpretación” favorecerá el acceso a un puesto de trabajo especializado y adecuado a su formación.




© Carlos Mompeó (2016)

http://tallerbajo-mompy.blogspot.com/





Bibliografía:

Marzal Raga, C. R. (2010). El régimen jurídico de las enseñanzas musicales. Valencia: Diputació de València.

Nicholson, S. (2005). Is jazz dead? (or has it moved to a new address). New York: Taylor & Francis Group.